El presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz Machado, ha destacado en la última jornada que tenemos un sistema judicial reputado que cuenta con excelentes magistrados

Las Jornadas de Otoño han clausurado en la tarde del viernes una nueva edición que ha vuelto a destacar por el nivel de sus ponentes para abordar las temáticas propuestas, que han oscilado entre la geopolítica, la política y la justicia. Este último apartado ha copado el protagonismo de la última sesión, que ha sido clausurada por el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz Machado.

La radiografía de la justicia española la ha iniciado el magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), José Antonio Montero Fernández, que tuvo en Pozoblanco uno de sus primeros destinos para desempeñar su carrera de juez. De él ha partido un perfecto esquema para conocer el acceso a la carrera judicial, la selección de jueces y el nombramiento de los magistrados. Un acceso que ahora quiere ser cambiado por el Gobierno con una ley que está en ciernes y a la que el magistrado ve lagunas siendo la falta de consenso una de ellas. Además, ha defendido la necesidad de introducir cambios en este ámbito a través de un Pacto de Estado y no de “manera unilateral”. Por otro lado, ha añadido a su ponencia la composición del CGPJ y el bloqueo vivida ante su falta de renovación por la injerencia política, lo que ha conllevado a “una desconfianza” en este órgano. Por este motivo, Montero Fernández ha abogado por un cambio que esté sustentado en que esa elección se realice por los propios jueces con la salvedad de estar alerta para no caer “en el corporativismo y autocomplacencia”.

La segunda parada de la tarde ha conducido al Tribunal Constitucional con la intervención de Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado de este órgano jurisdiccional al que ha definido como el “intérprete supremo de la Constitución”. “Es supremo, pero como España forma parte de una comunidad supranacional y ha suscrito el convenio de Roma, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene que estar en permanente diálogo con la jurisprudencia de los tribunales internacionales, concretamente, del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha indicado. Después de explicar la naturaleza de este órgano, el ponente se ha centrado en la composición, señalando que está formado por doce miembros, un “número incómodo” porque en caso de empate la situación se resuelve con la “atribución del doble voto al presidente, una anomalía que debería haberse evitado”. De esos doce miembros, ocho son elegidos por el Parlamento -cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado-, dos por el CGPJ y otros dos por el Gobierno. Para finalizar el análisis sobre el TC, Arnaldo se ha centrado en sus funciones que pasan por el control de las leyes y normas con rango de ley del Estado y las comunidades autónomas; resolver los conflictos de competencias; y los recursos de amparo.

¿Es efectivo y real el control de las decisiones del gobierno por el Tribunal Supremo?, ese es el título de la última ponencia de las Jornadas de Otoño, dirigida por Carlos Lesmes Serrano, magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del TS y del CGPJ. Para contestar a una pregunta “con mucha miga”, Lesmes ha explicado que el TS no entra en la iniciativa política, pero sí lo hace en la función administrativa que desempeña el Gobierno, una función que “es muy amplia y que afecta a la ciudadanía constantemente”. El magistrado ha resaltado que “es necesario que exista un poder judicial independiente porque no hay democracia sin estado de derecho y no hay estado de derecho sin poder judicial independiente”. Lesmes ha contestado a la pregunta planteada en el título de la conferencia de manera afirmativa lo que “previene la arbitrariedad, eleva la ética de la administración y mejora la transparencia”. En la recta final de su ponencia, el magistrado ha hecho un correlato de la evolución del legislador en España a través de las leyes promulgadas hasta llegar a la Constitución de 1978.

El director de la RAE y presidente de la Fundación, Santiago Muñoz Machado, ha sido el encargado de cerrar las Jornadas de Otoño aportando una serie de conclusiones. Tras las conferencias, Muñoz Machado ha indicado que “tenemos un sistema judicial reputado de un modo objetivo mediante un sistema de oposiciones primero y, posteriormente, concursos por la designación de magistrados para los altos niveles; una justicia que es muy estimada por los ciudadanos”. Una justicia “garantista” a la que “se tarda demasiado tiempo en llegar porque la justicia es el poder peor tratado”, ha expuesto poniendo de relieve el retraso en los procesos.